El Instituto Nacional de Estadística ha hecho públicas las últimas proyecciones demográficas, que nos muestran dos tendencias significativas:
- El envejecimiento progresivo de la población
- El incremento de los hogares unipersonales.
Así, en el año 2031 una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años, y estas serán más de un tercio en la segunda mitad del siglo. Desde otra perspectiva, sobresale el mayor crecimiento de hogares que de población, destacando en concreto el incremento de los hogares unipersonales de personas mayores de 65 a 80 años.
El envejecimiento es claramente uno de los retos más importantes y a la vez una oportunidad que afectará a todos los sectores de nuestra economía y tendrá un impacto transversal en nuestro modelo de sociedad, en las empresas, en nuestra cultura y valores.
Se plantearán necesidades que no se están afrontando en el diseño de las futuras ciudades inteligentes, la accesibilidad universal, el desarrollo de un espacio socio-sanitario realmente inclusivo… Pero los retos van mucho más allá, ya que surgirán otras necesidades financieras a nivel personal y de sostenibilidad de los servicios públicos.
Los ciudadanos perciben que el reto del envejecimiento representa un desafío que afectará a sus vidas. Por citar un ejemplo, esta cuestión se ha convertido en el tema del primer premio Horizon de Innovación Social de la Comisión Europea, al recibir el mayor apoyo en una votación abierta. Desafortunadamente, estamos a otras cosas, pasando por encima de cuestiones que necesitan un consenso unánime y que precisan planes ambiciosos que superen no ya el horizonte de la legislatura sino incluso el de los próximos diez años.
Existen algunos ejes a desarrollar. En primer lugar, la integración efectiva de los sectores de la salud y los servicios sociales en un único sistema, reconocido el valor y papel de las entidades sin ánimo de lucro, las cuales han adquirido a lo largo de los años un importante protagonismo en la provisión de apoyos. No debemos olvidar que la falta de recursos en las políticas sociales, fundamentalmente en aquellas que buscan promocionar la autonomía, tiene implicaciones directas en el incremento de costes en el sistema sanitario.
Se producen de este modo situaciones en las que las respuestas sanitarias y sociales no están alineadas con las necesidades de apoyos de las personas mayores y/o con discapacidad cuando muestran síntomas de fragilidad o se encuentran ya en situaciones claras de pérdida de autonomía. Pero la fragilidad no aparece de un día para otro sino que se desarrolla a lo largo de diez o quince años, por lo que se hace necesario prever las demandas que tendremos de aquí a un decenio.
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Doctorada en Psicología y mediadora familiar, penal y penitenciaria. Profesora de Justicia Restaurativa y otras asignaturas en el Grado en Criminología de la Universidad Francisco de Vitoria.
Psicólogo, gestor de convivencia escolar. Formador y Conferencista. Trabaja desde hace quince años en el Centro de Intervención Educativa en Medio Abierto (CIEMA) de Pontevedra, para la Asociación ARELA, trabajando con menores que cumplen medidas judiciales.
Belga – peruano, Licenciado en ciencias políticas de la universidad católica de Lovaina (Bélgica); diplomado experto profesional en prácticas restaurativas de la Universidad a Distancia de Madrid y de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos.
Abogada y mediadora. Profesora asociada de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos y Victimología en la Universidad de Barcelona.